Melina Gil/Agencia Reforma
Guadalajara, Jalisco - 4/Seot. Entre las comunidades mixteca y purépecha, dos de las tres etnias con mayor presencia en Guadalajara, se han identificado casos de venta o trueque de niñas para arreglos matrimoniales.

En estas comunidades de migrantes, existen por lo menos 355 niñas menores de 15 años, quienes estarían en riesgo de ser intercambiadas o vendidas por sumas que llegan a los 60 mil pesos; se estima que el número puede ser mayor, pues no existe información desglosada por sexo y edad de la población indígena. 

REFORMA buscó a niñas de estas comunidades para conocer la manera como opera esta 'tradición', los nombres fueron cambiados para proteger sus identidades. 

En diciembre del 2011, a la hermana mayor de Ángela le pasó "eso", lo que "nomás le pasa a las niñas", las que vienen de la Sierra Mixteca, en Oaxaca. 

"Mi papá le dijo que iba a regresar el lunes y no era cierto", recuerda sonriendo por la ansiedad que la embarga al recordar el tema.

 "Se casó con un hombre de edad y el señor sí pagó dinero. No sé qué día la vendieron, yo iba a salir de mi casa y me encerraron con la llave y luego dijeron que llamaron por teléfono, yo estaba empujando la puerta. Entré y así dijeron que 'Andrea ya se casó' y que en pocos días me van a mandar a mí también", señala Ángela. 

Andrea no tenía más de 13 años y menos de cinco de haber llegado a Guadalajara a estudiar la primaria y vivir en la Colonia Ferrocarril, donde migran familias indígenas del sureste del país. Su padre cuenta que fue a cuidar a su abuelita; una vecina dice que "ya se juntó". 

Delito de trata 

Por sus características, el fenómeno encajaría dentro del delito de trata, pero la complejidad radica en que es una práctica percibida en las comunidades indígenas como natural, que se consuma sin terceros que podría configurar una especie de red de tráfico. 

La percepción de un delito se difumina más porque las adolescentes tienen contacto con su familia, aunque algunas migran a Estados Unidos o a algún otro destino nacional para trabajar y apoyar a su cónyuge a saldar el adeudo de su "compra". 

En la delegación estatal de la PGR refieren que en los últimos tres años, no han registrado alguna denuncia, averiguación previa o consignación por dicho delito. 

De acuerdo con el Consejo Estatal de Población, el 48 por ciento de los integrantes de habla indígena que viven en Jalisco habita en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

No obstante que están en zona urbana y el contacto con dependencias públicas al que se supondría tienen acceso las niñas, existe una invisibilidad del fenómeno, incluso frente a las obligaciones legales establecidas en Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General contra la Trata de Personas o la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia Contra la Mujer. 

Las autoridades estatales y federales encargadas de la atención a la mujer, estudiantes o indígenas, no tienen programas para prevenir y erradicar el fenómeno. 

Especialistas en derechos humanos critican la omisión pública en el tema, toda vez que la proximidad con las instituciones que llegan a los migrantes debería ser aprovechada para la erradicación de la venta de menores.